El pasado 15 de marzo, se inició un sumario administrativo en contra de María Luisa Brahm, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), por acoso laboral en contra de funcionarios del órgano jurisdiccional.
Semanas antes, el 04 de marzo, Leonardo Carrasco, presidente de la Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional envió una carta a los ministros donde expone, entre otras situaciones, maltrato y hostigamiento por parte de María Luisa Brahm y su jefa de gabinete.
Al llegar al @TRIBCONST_CHILE, la abogada fue jefa de asesores del llamado “segundo piso” de @sebastianpinera en su primera administración, cargo que posteriormente asumiría brevemente @gblumeI y finalmente @clarroulet.
Fuentes al interior del gobierno aseguran que su carácter la llevó a tener múltiples roces con funcionarios e, incluso, con el mismo @clarroulet, en ese entonces a cargo de la Segpres, quien veía con malos ojos el “corte liberal” de Brahm.
En 2015, siendo ministra del TC, fue denunciada por una exrelatora, quien en demanda de tutela laboral contra el tribunal ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dio cuenta de hostigamientos de la ministra durante su licencia -por problemas con su embarazo-.
En su demanda, la profesional relata múltiples situaciones de maltrato y hostigamiento que vivió, no sólo de Brahm, sino que de parte de otros ministros y colegas. La causa concluyó en 2017 en un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, representante del TC.
En marzo de 2019, una nueva demanda en contra del Tribunal Constitucional fue interpuesta en el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. La demandante, también relatora, acusó “motivos oscuros” que gatillaron su desvinculación del tribunal.
En pasajes del escrito consigna animadversión, tratos inapropiados y amenazas de la ministra durante el desempeño de sus funciones. Animadversión, relata, que mantuvo en contra de la profesional “hasta el momento de la desvinculación”.
Si bien la exrelatora exigía $326 millones de pesos por conceptos de indemnización, en audiencia del 17 de marzo, las partes manifestaron la intención de poder llegar a un acuerdo de $50 millones, suspendiendo la audiencia con ese objetivo para el próximo 7 de abril de 2021.
