Desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, existe un gran número de detenciones, formalizaciones y personas puestas en prisión preventiva, derivadas del contexto de manifestaciones.
Según @inddhh y @codepuchile, a 2020 existían, aproximadamente, 23.500 formalizaciones, 3.500 controles de detención y 2.500 personas en prisión preventiva. Hoy se encuentran en esta última condición 42 personas en Santiago, 16 en Antofagasta, 8 en Concepción y 1 en San Antonio.
Acusados, en su mayoría, por porte, lanzamiento o elaboración de bombas molotov, las personas que fueron formalizadas, en reiteradas ocasiones, declaran haber presenciado actos de incitación al delito o haber sido cargados con artefactos incendiarios.
En una importante cantidad de casos la prueba de hidrocarburos fue negativa, descartando la presencia de combustible en manos y ropa, pero los resultados eran entregados con meses de demora, lo cual alargó los juicios y con ello las prisiones preventivas.
A esto se suma que no existen videos que prueben el lanzamiento o preparación de estos artefactos ya que, al solicitarlos, los efectivos policiales se excusaron, argumentando que no tenían acceso a los registros o que habían sido borrados.
Cuando se solicitó el registro de las cámaras personales, señalaron que en ese momento estaban sin batería, dejando un vacío probatorio, por lo que después de un año o más de prisión preventiva, en la mayoría de los casos, las personas son absueltas por falta de pruebas.
Jaime Fuentes, abogado defensor, señala que “@carabdechile sabe, desde un inicio, que no dispone de las pruebas necesarias para poder llegar a una condena efectiva, por eso alargan el juicio lo máximo posible, para darle a los jóvenes al menos un año de prisión”.
¿Quiénes son las y los presos de la revuelta? Se trata de hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría de 18 a 28 años, y también menores de edad, que arriesgan desde los 3 años y 1 día hasta 10 años de condena efectiva.
Muchos de ellos están o estuvieron en la Unidad de Máxima Seguridad, de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en donde pasan 21 horas de encierro, con visitas restringidas en un inicio y hoy totalmente prohibidas, por lo que muchas familias no ven a sus hijos desde hace meses.
Priscila Olivares, madre de un joven de 18 años en prisión preventiva, señala “queremos que nuestros hijos tengan un juicio justo, basado en hechos y pruebas reales, por eso le pedimos a la justicia que no ceda ante las presiones del Gobierno”.
Las acciones del Ejecutivo parecen enmarcarse en una estrategia destinada a perseguir manifestantes, criminalización que ha sido notoria a través de los medios de comunicación, calificándolos de delincuentes antes de ser juzgados.
El intendente Metropolitano @FelipeGuevaraSt, señaló en marzo de 2020 que “las personas que fueron detenidas (…) son violentistas que estaban ahí para generar desorden y daño a carabineros. No son manifestantes, son simplemente delincuentes”.
Daniela Ibarra, hermana de un joven de 20 años, dice “mi hermano lleva 4 meses en prisión preventiva, pero las pruebas que dice tener Carabineros no existen… se nota que esto se transformó en algo político. Yo me pregunto, si los jueces están recibiendo presiones”.
Desde el 22 de marzo, en sectores de las cárceles de Santiago 1, de Alta Seguridad y de San Miguel, hay 6 personas en huelga de hambre. Después de 28 días están sufriendo dolores de cabeza y estómago, además de cansancio, calambres y mareos.
Lo que buscan, es que se descarte la prisión preventiva como pena anticipada, exigiendo que se cumpla lo dispuesto en la legislación internacional, que señala que nadie puede ser sometido a un encarcelamiento arbitrario y que la prisión preventiva es un mecanismo de última ratio.
Javier Couso, abogado, señala que “las personas que fueron declaradas inocentes pueden acudir al sistema interamericano y se podría llamar al Estado de Chile a establecer mecanismos que obliguen a tribunales a agilizar los procesos y establecer compensaciones económicas”.
Frente a denuncias de presiones ejercidas por parte del @min_interior hacia el @PJudicialChile, a través de los medios de comunicación, resulta pertinente preguntarse si en Chile se está respetando a cabalidad la separación de poderes del Estado.
Hiram Villagra Castro, abogado y director @codepuchile, señala que “nos preocupa que los tribunales puedan estar cediendo a las presiones que ejerce el @min_interior a través de la prensa, porque las penas no se condicen con la realidad procesal”.
Añade que “hemos visto que cada vez que hay un fallo que no le gusta al Gobierno, existe un despliegue mediático con el fin de endurecer las penas, esto muestra que están tratando de utilizar la función judicial como un instrumento de persecución política”.
Como ejemplo, en marzo de 2020, Carabineros llevó a cabo una detención masiva de 44 personas. En el control de detención, el juez de garantía decretó prisión preventiva para uno de los detenidos, continuando la investigación de los otros 43, con medidas cautelares menos intensas.
Ante este caso, el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel anunció que el Gobierno apelaría la decisión judicial señalando que “el esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas”.
10 días después de esa decisión judicial, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo dividido, donde el voto de mayoría ordenó dejar sin efecto la orden del juez de garantía, disponiendo la prisión preventiva para esas personas.
Esta decisión fue alabada por el Gobierno quien señaló “queremos valorar este fallo, que es positivo, porque este mayor esfuerzo policial que se está haciendo por recuperar el orden público, tiene que venir acompañado de un mayor esfuerzo y exigencia de parte de la justicia”.
“El caso de los 44 jóvenes que fueron detenidos de manera preventiva, considerados como un peligro para la sociedad, sin haber hecho nada, nos habla del tipo de presiones políticas que ha ejercido el @min_interior en contra de los presos de la revuelta” señaló Hiram Villagra.
Jaime Fuentes, abogado de DDHH señala, por otra parte, que “resulta insólito y desproporcionado que una persona arriesgue un año de prisión, solo por el hecho de manifestarse, es llamativo el nivel de criminalización de la protesta y el amedrentamiento hacia la población”.
*Esta es una adaptación del reportaje “Presos de la revuelta: Familias que ruegan por un juicio justo”, escrito por @escasegov y aprobado por el medio @larazon_cl.
El reportaje completo a continuación:
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