Según la ley de Transparencia, los ciudadanos tienen derecho a acceder a información elaborada con presupuesto público. Con esto en mente, @LaPublicaChile solicitó los registros de uso de la plataforma Zoom de ministerios y subsecretarías de la administración de @sebastianpinera.
De las ocho solicitudes ingresadas, solo dos entregaron antecedentes: @SubseJusticiaCl y @ServelChile. Los otros seis organismos negaron acceso a estas mismas planillas argumentando que la información no estaba en ninguna de sus plataformas.
En el caso de la @SubseJusticiaCl, el organismo entregó una planilla que contiene el registro de 1.200 reuniones, donde es posible ver, por ejemplo, a un exfuncionario del Ministerio como anfitrión de cuatro reuniones llamadas “Ajedrez”, con una hora de duración cada una.
Destaca además la videoconferencia del 15 de abril de 2020, donde participaron “seremis y autoridades”, con 26 participantes y 10 horas de duración. Según el registro, la reunión terminó a las 3 de la mañana del día siguiente.
Ante la negativa de los demás organismos requeridos, @LaPublicaChile presentó 3 amparos, los cuales fueron acogidos por el @ctransparencia ordenando a @Segpres, @SegegobGOB y @SubseDDHH entregar los informes generados por Zoom y Microsoft Teams, entre mayo y agosto de 2020.
En la planilla entregada por la @voceriagobierno, constan una serie de encuentros virtuales que sostuvo @KarlaEnAccion con diferentes actores privados y gestores de interés, sin que éstas quedaran registradas en Infolobby, plataforma creada para tal efecto.
Por ejemplo, en julio de 2020, la autoridad se reunió por videollamada con @BenjaLorcaInzun, líder de la organización cristiana Reforma Chile y candidato a la Convención Constituyente. Esta llamada no fue reportada, pese a que Lorca está registrado como gestor de interés.
Asimismo, el 8 de julio, la exvocera se reunió con Alvaro Jadue, empresario y presidente de Barrio Bellavista, y Gustavo Yaquinto, empresario y gerente comercial de E-360, consultora privada que promueve proyectos de innovación. Dicha reunión no aparece en ninguna agenda pública.
En la planilla de la @SubseDDHH se identifican cinco reuniones virtuales relacionadas al “Proyecto 355”. Al requerir mayor información, la subsecretaría negó el acceso argumentando “riesgo de confusión” a la ciudadanía, ya que este se encontraba aún en “etapa de aprobación”.
Consultados sobre este proyecto, el equipo de Comunicaciones de la subsecretaría explicó que a fines de 2018 se fijó como prioridad el revisar todos los casos de víctimas calificadas de ejecución política y desaparición forzada que se encuentran en su sistema.
El objetivo era determinar la cantidad exacta de víctimas no vinculadas a un proceso para ver la “viabilidad del ejercicio de acciones judiciales, verificando si existen antecedentes suficientes para solicitar el inicio de una investigación”. A esto se le llamó “Proyecto 355”.
Sin embargo, el año pasado, una “Comisión Revisadora de Casos”, acordó que lo pertinente no era pronunciarse sobre la viabilidad sino respecto a la prioridad o no del ejercicio de las acciones legales, concluyendo que “de 282 casos, 61 eran prioritarios y 84 no prioritarios”.
Este año, la Unidad del Programa de Derechos Humanos (UPDH), a cargo del proyecto, debe acordar qué acciones judiciales presentará respecto a los 61 casos que se definieron como prioritarios y que “se informarán próximamente a la Subsecretaría”, señala la respuesta.
Esta adaptación del reportaje de @LaPublicaChile: “Organismos públicos son obligados a entregar registros de sus reuniones virtuales”, fue aprobado por el medio. El reportaje con todos los antecedentes disponibles para su descarga en su sitio web:
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