En el marco del Estallido Social, el @Ejercito_Chile dio cuenta que 33 de sus dependencias habían sufrido incendios por la causal de “desorden popular”, concentrándose la mayor cantidad de siniestros en Iquique (23).
Este antecedente, afirman, aumentó su porcentaje de siniestralidad en un 163% lo que junto a la “situación político-social que afectó al país desde el 18 de octubre”, impactó “directamente” su clasificación de riesgo y, por ende, los precios de los contratos de seguros.
Así, durante 2020, en 15 licitaciones sobre cobertura de incendio o sismo de infraestructura militar, la comisión evaluadora de turno determinó que los montos ofertados sobrepasaban el presupuesto asignado, declarando el proceso desierto.
Ante esta situación y argumentando que los seguros son “indispensables” para resguardar el “patrimonio de afectación fiscal”, el Ejército decidió cerrar dichos contratos a través de Trato Directo, es decir, eligiendo un proveedor sin la necesidad de explorar otros oferentes.
Aquí entra en escena Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A, empresa vinculada al Grupo Errázuriz donde si bien Francisco Javier Errázuriz, exsenador y excandidato presidencial, ya no opera directamente el holding, sí lo hace su hijo quien lleva el nombre de su padre.
Recientemente, en septiembre de 2020, Renta Nacional fue multada por la @cmfchile_ en UF800 por una serie de graves incumplimientos e infracciones a la Ley 18.046, en lo relativo a operaciones con partes relacionadas.
En los 15 casos donde el Ejército requería seguro, la compañía de “Fra Fra” apareció oportunamente con una cotización que -a juicio de la institución- “se ajustaba a los requisitos técnicos de las bases de licitación”.
De esta manera, la operación le permitió a Renta Nacional adjudicarse de forma directa 15 contratos por un valor de $1.241 millones (US$1,7 millones), lo que representa el 75% del gasto del Ejército en este ítem (seguros generales, año 2020).
Para @datajosem, investigador del @observafiscalcl, es menester revisar el diseño de la licitación por cuanto un buen estudio de mercado, debería atraer a los actores de la industria, generando mayor competencia y obteniendo en consecuencia mejores precios para el Estado.
“Un riesgo potencial es que las bases hayan sido diseñadas de manera tal que ninguna oferta fuera admisible, obteniendo como resultado una licitación desierta, y con ello abriendo la posibilidad de justificar un trato directo con un proveedor de manera discrecional”, señala.
La norma a la que se acoge el Ejército se encuentra en el reglamento de la Ley 19.886, promulgada por @RicardoLagos en el año 2004, que faculta la contratación vía trato directo si las ofertas fueran declaradas “inadmisibles” y el servicio fuera “indispensable” para el organismo.
Para el Ejército un seguro es “indispensable”, toda vez que -argumentan- “no cuentan con fondos asignados para reparar o reconstruir los bienes siniestrados”. Durante 2020, el presupuesto asignado para la institución superó los $550 mil millones.
En lo que va de 2021, Renta Nacional ha suscrito nueve contratos de seguros con el Ejército equivalentes a $245 millones. A diferencia de 2020, todos a través de procesos de licitación pública.