Esta semana, nuestro medio informó sobre una posible colusión del gas, tema investigado por la Fiscalía Nacional Económica y que llegó hasta la cámara baja del congreso. Este hecho, vendría a complementar las ya sabidas colusiones del papel higiénico, los pollos, las farmacias, las navieras, entre otras; lo que nos habla de una reiteración de la preocupante condición ética y moral de la elite empresarial del país.
Una de las causas del estallido social de octubre de 2019, fue la desafección de gran parte de la ciudadanía con la elite, pero no solo con la política, sino también con la empresarial. Ambas no comprendieron que una parte del país demandó desarrollarse en forma autónoma, lejos de la representatividad que nos guió como país, desde los albores de la república. La nueva sociedad se entiende como una construcción orgánica, colectiva, donde los problemas y la demanda, de los elementos básicos del bienestar social, no se solucionan con el ejercicio democrático del sufragio, sino que, ahora, de una forma directa y vertical, sin intermediarios.
Esta narrativa, que se instala con mucha fuerza después del 18 de octubre, nos señala que la impugnación a las elites permea toda la estructura y son todos los estamentos de poder los cuestionados. Se construye en forma colectiva, un relato con ejes articuladores como el abuso, la falta de simetría y de horizontalidad, no sólo en términos económicos y monetarios, como era el pregón para persuadirnos, sino que también en el concepto emocional del maltrato, las carencias y la desigualdad orgánica. Esos fueron los componentes que generaron la rabia y que construyeron la escisión en la lógica de todos contra el poder.
Entonces, es difícil comprender que la elite empresarial no razone que los suyos carecen de representatividad en la sociedad actual, que su discurso, anquilosado en la derecha hacendal del siglo XIX, no tiene eco en los sectores de nuestro país. Solo de esa forma se entiende el triste discurso de Ricardo Ariztía, quien caricaturiza la pobreza y la demanda, o las mentiras que esparce el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien llena la pantalla de populismos y discursos falaces que tienen aroma a xenofobia.
Todo esto cobra relevancia cuando nos encontramos a una semana de la elección de los constituyentes y nos damos cuenta que los intereses del empresariado está con aquellos que quieren ponerle trabas a los avances y maniatarnos a la constitución de Guzmán y compañía. Eso se desprende cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que tanto Juan Sutil y Bernardo Larraín Matte, junto con compartir el liderazgo de los gremios empresariales más importantes del país, la CPC y la Sofofa, son los principales aportantes de las campañas de los candidatos del oficialismo y de personeros del ala conservadora de la DC, como la exministra Mariana Aylwin.
Las esperanzas de la elite empresarial y también de la política, están depositadas en ganar ese anhelado tercio de constituyentes, un cálculo estéril, porque nada garantiza que la convención sea la voz que dirimirá el pasado y el futuro del país. Nuestra sociedad se mueve por terrenos muy etéreos, no hay certezas de lo contemporáneo, por lo tanto, es probable que el organismo que redacte la nueva constitución sea sometido a lo que demanda la calle y las redes sociales, que la construcción de los elementos que sostendrán nuestra sociedad en el futuro surjan nuevamente de la voz de la ciudadanía y que la nueva carta magna provenga del clamor popular.
