Año 1982. Una histórica mayoría en el Congreso de Los Diputados durante los comicios de octubre, permitieron que el abogado y secretario general del @PSOE, Felipe González Márquez, asumiera el primer gobierno de izquierda tras el franquismo en España.
En Chile, por su parte, la dictadura comenzaba a experimentar su peor década, enfrentando una profunda crisis económica, a una sociedad que retomaba la protesta social contra el régimen y un conflicto territorial con Argentina.
El mismo año, en Francia, el presidente socialista François Mitterrand, establecía un embargo a la venta de armas y material bélico a Chile. Decisión que tenía su antecedente en acciones similares realizadas por otras potencias en contra de la dictadura de Augusto Pinochet.
El aislamiento internacional complicaba a Pinochet quien, según un informe de @FLACSOCHILEORG de 1985, contaba con armamento militar obsoleto, adquirido a un alto costo e insuficiente para enfrentar conflictos en una Latinoamérica cada vez más hostil con el régimen militar.
En este contexto adverso, el dictador encontró en el entrante presidente de España un sorpresivo aliado que continuó la política de sus antecesores del ala conservadora, donde se consignan numerosas transacciones de armamento entre 1983 y 1986.
Un artículo del analista internacional Raúl Sohr para @el_pais, de 1987, daba cuenta de la relación comercial entre la empresa pública española Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) y la firma chilena Empresa Nacional Aeronáutica (ENAER), dependiente de las Fuerzas Armadas.
Si bien el segundo personero a cargo del gobierno español, Alfonso Guerra, aseguraba que “sólo se habían realizado contratos de aviación civil con Chile”, se comprobó que la dictadura adquirió: 21 aviones C-101, 32 helicópteros BO-105, además de armamento antidisturbios.
Hoy, en 2020, vuelve a resurgir el tema producto de una solicitud a transparencia presentada por la ONG @greenpeace_esp, quienes piden desclasificar las actas del JIMDDU, organismo encargado de analizar las solicitudes de comercio de armamento en España.
La ONG, reconocida por su activismo medioambiental, cuenta con una área de trabajo relacionada al desarme armamentista donde ha denunciado que el gobierno de España vende armas, a través de procesos poco transparentes, a países que violan los derechos humanos.
Greenpeace denuncia que el 13 de marzo de 1987, entre acusaciones por la venta de armamento a Pinochet, González junto a su Consejo de Ministros echaron mano de una ley, cuyo origen radica en la dictadura franquista, para declarar secretas las actas de la JIMDDU.
El medio @publico_es señala que, ante la solicitud de Greenpeace, el gobierno de Sánchez “ha optado por dejar pasar el tiempo, otra forma de decir no sin tener que escribirlo en un documento”, forzando a la ONG a presentar un recurso de amparo ante el Consejo de Transparencia.
Si bien en 1986 González decide levantar un embargo a Chile, al año siguiente, Fernando Matthei, exmiembro de la Junta Militar y exjefe del Ejército del Aire, es visto en Madrid con Emiliano Alfaro, exjefe del Estado Mayor del Ejército del Aire español y consejero de CASA.
Según fuentes oficiales de la época, en la cita no se suscribió ningún contrato, aunque sí reconocieron al medio El País, que se siguen vendiendo repuestos o se envían materiales bélicos de contratos firmados con anterioridad.
