En oficio del 23 de julio, @Contraloriacl informó que por irregularidades no daría curso a 3 resoluciones suscritas por el Intendente de Tarapacá @MAngelQuezada (@udipopular) quien autorizó millonarias adquisiciones de cajas de alimentos en el marco del #COVID19.
El órgano contralor acreditó que uno de los proveedores, “DID Sonido y Compañía Spa”, no desarrollaba actividades ni tenía negocios relacionados al contrato, y que, con fecha posterior a la celebración del contrato, éste amplió su giro a “venta al por mayor” de alimentos.
Respecto al proveedor “Lorena Barrientos Ramírez”, se acreditó, al visitar el centro de acopio, que el trabajo era desarrollado en términos operativos por la empresa C&A Eventos SpA quien, según @CHProveedores, se encuentra inhábil para hacer tratos con el Estado.
Finalmente, Contraloría señaló que, en el caso de la transferencia de $946.200.000 a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Tarapacá para la adquisición y distribución de cajas de alimentos, ésta también recurrió a C&A Eventos SpA para su adquisición y distribución.
Advierte Contraloría que el intendente @MAngelQuezada debió abstenerse de autorizar la transferencia ya que mantiene una sociedad comercial con Juan Carlos Salgado Magna, quien forma parte del directorio de la asociación beneficiada.
Un certificado del Registro Civil al que tuvo acceso @NYC_Prod consigna además que Quezada fue presidente, al menos durante el periodo 2015-2017, y miembro del directorio, como señala el oficio de Contraloría, hasta el 05 marzo del 2018, a una semana de asumir la Intendencia.
Según su sitio web, la Asociación Cristiana de Jóvenes -conocida como YMCA- es “una organización mundial de carácter social cristiana ecuménica y voluntaria que contribuye al desarrollo de las personas con énfasis en los jóvenes, fortaleciendo el espíritu, cuerpo y mente…”.
Dentro de su accionar en la región cuenta con un jardín infantil, un Centro de la Mujer y la administración de una residencia del @Sename_gobierno (CODITFAM) para niños, niñas y adolescentes mayores de 6 años y hasta 18 años “en situaciones familiares de alta vulnerabilidad”.
En julio del 2017, con Quezada aún en el directorio y tras la denuncia de una menor, la directora del @Sename_gobierno de Tarapacá, Paula Soto, realizó una denuncia ante la @PDI_Tarapaca por las “malas condiciones de higiene y habitabilidad” en las que se encontraba el recinto.
Soto relató a la PDI, que al consultarle por la falta de alimentación a la directora del recinto, @lemus_espinoza, ex asesora de gabinete y actual jefa de la división de Desarrollo Social y Humano de la Intendencia, ésta habría respondido que era “una situación extraordinaria”.
El deplorable estado del recinto, según reiterados informes del Sename donde se describen, entre otros, falta de agua caliente, inexistencia de espacio para lavado y falta de limpieza, no se condice con los millonarios aportes que recibían del Estado en calidad de sostenedores.
En carta dirigida a Quezada, en calidad de presidente de la asociación, y con copia a su directora ejecutiva @aliaga_kathy, hoy Seremi de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, la directora del Sename señaló que el informe financiero informaba saldos por más de $30 millones.
En agosto del 2017 la residencia pasó a ser administrada provisionalmente por el Sename y en diciembre del mismo año, los niños, niñas y adolescentes fueron trasladados finalmente a un nuevo recinto con estándares mínimos de cuidado.
Los proyectos presentados por el intendente Quezada deben ser previamente aprobados por el @CORE_Tarapaca quienes, a juicio del consejero regional @PCdeChile, Pedro Cisternas (@profecisternas), hoy funcionan como un “simple buzón” de Quezada.
“Ha ido pagando con ciertas prendas que son cargos y otros favores a consejeros de derecha que finalmente se habían puesto díscolos y habían sido críticos a su gestión”.
Cisternas evidencia su nivel de influencia cuando, producto de acuerdos políticos, le correspondía a él ser presidente del Consejo. Si bien contaba con la venia de consejeros de derecha, Quezada logró convencerlos para que “un comunista no llegara a la presidencia”, señala.
Durante el año 2018, el Consejo Regional de Tarapacá aprobó un proyecto llamado “Continuación de Talleres de Inclusión Social para Adultos Mayores de la Provincia de Iquique y del Tamarugal”, que otorgaba $89.048.000 a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique (YMCA).
Tras cuestionamientos acusando a Quezada de tráfico de influencias, el Intendente salió a aclarar que el origen del proyecto se arrastraba de la administración de @mbachelet, presentado por la otrora intendenta de la región @Claudia Rojas Campos.
Sin embargo, una resolución firmada por Quezada el 21 de marzo del 2018, es decir, 10 días después de asumir la Intendencia, confirma que la presentación del proyecto fue de su autoría.
Para el abogado y concejal de Iquique @matias_ramirezp la impunidad con la que actúa el Intendente se explica en parte por su cercanía con la senadora, también de la Unión Demócrata Independiente, @Luzebensperger.
“Ella fue el mayor respaldo que él tuvo para precisamente ejercer la máxima jefatura regional. A eso hay que entender que, dada esta cercanía entre ambos, las redes de protección son bastante similares”.
Ramírez explica que, considerando que la mayoría de los cargos públicos en la región y de distintos servicios son de la UDI, se genera “un manto de impunidad respecto de la situación del intendente”.
Finalmente el concejal agrega que Quezada ha tenido la capacidad de construir sus propias redes de apoyo. En esa línea, comenta la estrecha relación del intendente con el expresidente del Consejo Regional por el @elfrente_amplio y actual rector de la @unapcl, Alberto Martínez.
“Sin ir más lejos el socio comercial de Quezada, Juan Carlos Salgado Magna, fue nombrado ahora en la junta directiva de la UNAP, bajo el alero del rector de la Universidad. Si bien la designación es del Presidente, entendemos que todas las motivaciones van de la mano”.
Pese a que este año Contraloría declaró ilegal la resolución que transfería $900 millones a YMCA, Quezada ya había aprobado en mayo una transferencia de $121.684.332 a la asociación con la justificación de apoyar “las acciones de prevención, mitigación y control de contagios”.
