El 17 de septiembre el @1TAmbiental clausuró de forma “total y definitiva” el proyecto Pascua Lama de la minera canadiense Barrick Gold, afirmando en su sentencia que la empresa “no logra proteger adecuadamente el medioambiente y la salud de las personas”.
Por su parte, Carlos Alberto Délano se encuentra a la espera del pronunciamiento del mismo tribunal que decidirá el destino del proyecto minero Dominga, cuestionado por el impacto que tendría en la biodiversidad de la corriente de Humboldt en La Higuera, Coquimbo.
En este contexto, desfavorable para las pretensiones del sector minero, @VillarinoJ, presidente del @ConsejoMinero, solicitó a @Contraloriacl reconsiderar su criterio de prohibir convenios o entrega de aportes de actores interesados a Municipalidades o Gobiernos Regionales.
Para justificar su requerimiento, Villarino recurre a la ley N° 21.210 que habilita a personas afectas al impuesto de primera categoría a deducir de la renta bruta, entre otros, los “compromisos ambientales incluidos en el estudio o en la declaración de impacto ambiental”.
En conversación con NYC, @alexmunozw, director @NatGeo Pristine señala que la solicitud del Consejo Minero “va más bien encaminada a tener espacios para manipular a las comunidades a través de regalos indebidos que coartan sus derechos a oponerse a los proyectos que los afectan”.
“La evaluación ambiental descansa sobre 2 pilares: la información técnica y participación genuina de las personas (…) Este derecho no está garantizado si se autoriza el pago a municipalidades a cambio de que estas comunidades desistan a su legítimo derecho a oponerse”, señala.
Durante la pandemia, la empresa familiar de Délano, donó termómetros y mascarillas KN-95 con el logo del proyecto “Dominga” junto a las cajas de alimentos entregada por la @LaHigueraMuni a la comunidad, acción cuestionada por @Contraloriacl debido a su improcedencia.
El criterio de Contraloría ya había sido refrendado en abril de este año cuando el ministro de Minería, @bprokurica, se dirigió al ente fiscalizador para consultar si eran procedentes estos donativos y de serlo, qué destinos debían tener ante eventuales conflictos de intereses.
Este tema toma especial relevancia para el Ejecutivo pues el Gobierno @sebastianpinera fijó una agresiva agenda de reactivación a la economía donde se contempla la priorización de 220 proyectos, de los cuales 31 son proyectos mineros con inversiones estimadas en $65.621 millones.
En esa línea, un “grupo transversal” de profesionales ligados a la minería, como da cuenta @biobio, le planteó al Gobierno y a la oposición una ley corta que permita, entre otras cosas, una reducción efectiva del plazo de evaluación ambiental de las iniciativas de inversión.
Al cierre de nuestra conversación, Alex Muñoz de Nat Geo nos reafirma la importancia del Acuerdo de Escazú en materia de participación política de las comunidades como un derecho humano y las implicancias negativas de que Chile se haya restado del tratado.
“Si vamos a reactivar la economía a través de termoeléctricas a carbón, talando bosques o sobreexplotando el mar, sólo garantizamos una crisis más grave en el futuro. El Estado debe garantizar las condiciones para que las personas participen en las decisiones que los afectan”.
El pasado 02 de octubre, Contraloría reafirmó su criterio desestimando de paso el requerimiento de Joaquín Villarino, por cuanto la norma aludida “se inserta dentro de la legislación tributaria interna” por lo tanto no constituyendo “una norma habilitante de competencias”.
