El martes 03 de noviembre, la Coordinadora Libertad y Justicia informó el intento de suicidio de Diego Contreras Bustos de 20 años, uno de los presos políticos de Tarapacá condenado a una pena efectiva de 3 años y un día de presidio, el pasado 6 de octubre del 2020.
El día posterior a su intento de suicidio, Gendarmería de Tarapacá emitió un comunicado resaltando que “gracias a la oportuna intervención del jefe de ronda nocturna del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, se evitó que adoptara la determinación de terminar con su vida”.
En la misiva, confirmaron que “el joven se encontraba agobiado, sumido en depresión” y señalaron que fue trasladado hasta el hospital del recinto, siendo atendido por los profesionales médicos y quedando internado. El miércoles sería dado de alta y volvería a su módulo.
En respuesta a NYC, Comunicaciones de Gendarmería Tarapacá confirmó que la población penal no tiene visitas, lo que no depende de ellos, sino que es una disposición del Ministerio de Salud para evitar posibles contagios por la pandemia.
Sobre la atención psicológica para los internos, aseguran que es responsabilidad de la concesionaria SIGES Chile S.A, filial de la corporación multinacional Sodexo, quienes por medio de juntas psicosociales atienden a todos los internos que son detectados con diversos problemas.
Con el objeto de obtener información sobre la atención psicológica de Diego Contreras y conocer las medidas en casos de intento de suicidio, NYC tomó contacto con Julio Fernández Ayala, gerente de Alto Hospicio SIGES Chile, pero declinó referirse al caso.
En conversación con la Unidad de Salud del complejo penitenciario, señalaron que no pueden dar información del paciente, pero confirmaron que si un interno solicita atención de salud mental es derivado a atención psiquiátrica y psicológica. Lo que no ocurrió con Diego Contreras.
Su padre, Pedro Contreras, señaló que durante los primeros meses que Diego se encontraba encarcelado pidió apoyo psicológico pero se lo negaron. Además, señaló que hasta este viernes no había recibido ningún tipo de tratamiento al interior de la cárcel.
“Nosotros estamos dispuestos a hacernos un examen PCR para que Gendarmería nos autorice a visitar a nuestro hijo, porque sentimos que por su estado de salud, lo que más necesita ahora es ver a su familia”.
Sobre visitas excepcionales de familiares de pacientes que se encuentran con problemas de salud mental, como Diego Contreras, la Unidad de Salud señaló que corresponde a Gendarmería la decisión y que no es de su competencia.