El megafraude conocido como Pacogate fue descubierto al interior de Carabineros en el año 2016, luego que un funcionario del Banco Estado identificara movimientos irregulares en una cuenta corriente de Carabineros de Chile.
La organización criminal era conformada por altos mandos de Carabineros, entre ellos el exgeneral director, Eduardo Gordon, además de decenas de civiles que colaboraron en el fraude “más grande de la historia”, según consignó el fiscal regional a cargo del caso, Eugenio Campos.
A un año del inicio de las investigaciones por el caso Pacogate, el fiscal jefe de Macul-Peñalolén, Miguel Ángel Orellana, informaba la existencia de una nueva arista en el caso que involucró el desvío de dineros dispuestos para desahucios y pensiones de funcionarios en retiro.
Las causas (RIT 16286-2018 / RUC 1601014175-7) tramitadas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dan cuenta de la participación de civiles y exuniformados en la operación liderada por el suboficial mayor (r) José Fernando Inapaimilla Vergara.
El ilícito consistía en la realización de giros fraccionados desde el “Fondo Desahucio” N° 9018158 de Carabineros de Chile, por parte de Inapaimilla, para luego ser distribuidos a civiles quienes a su vez realizaban el lavado de activos.
En paralelo a la causa del Ministerio Público, se inició una investigación administrativa de Contraloría en atención a los reiterados reclamos de exfuncionarios de Carabineros, quienes denunciaban un excesivo retardo en sus pagos, pese a contar con la autorización.
El 26 de mayo del 2020, la @Contraloriacl remitió los antecedentes de su informe final sobre la investigación al Fondo de Desahucio de Carabineros de Chile, con copia al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y al Director General, Mario Rozas, entre otras autoridades.
La investigación, realizada entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de junio del 2018, tenía por objeto auditar los controles que realiza Carabineros respecto de los recursos que administra la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) para el pago de pensiones.
Así, en un informe de 33 páginas, la Contraloría consigna una serie de situaciones irregulares que facilitaron los ilícitos en el marco del caso Pacogate y que explican los atrasos en los pagos a funcionarios en retiro.
Se advierte que estos hechos no han sido subsanados por la institución liderada por Mario Rozas. El informe señala que los recursos fiscales aún son manejados en una cuenta corriente interna, procedimiento que indica el órgano fiscalizador “no se ajusta a derecho”.
Además, continúa, no existe control sobre los recursos transferidos ni estudios o estimaciones anuales para determinar los fondos necesarios para realizar los pagos. De hecho, la entidad cuenta con un desfinanciamiento en el fondo de desahucio de aproximadamente $11 mil millones.
En enero del 2019, el recién asumido Mario Rozas afirmaba que los hechos de corrupción (Pacogate, Catrillanca, Huracán) ocurrieron “por no controlar, por no observar lo que pasa en nuestro ambiente. Por creernos autosuficientes y no observar lo que pasaba a nuestro alrededor”.
Sobre las cinco observaciones que recoge el informe, la Dirección General de Carabineros responde en términos insatisfactorios por cuanto, si bien muestra disposición de corregir, no lo hace de forma concreta.
Por esta razón, Contraloría ordena, entre otras medidas, efectuar procedimientos disciplinarios a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas, y establece plazos de entre 15 a 60 días para subsanar las irregularidades.
