El pasado 14 septiembre, en la 45a sesión del Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la @UN realizada en Ginebra, la Alta Comisionada @mbachelet dio cuenta del complejo panorama en el concierto latinoamericano en materia de DDHH.
La exmandataria denunció el asesinato de 47 defensores de DDHH en Colombia bajo el gobierno de @IvanDuque, sólo en el 2020. Similar situación enfrenta Brasil de @jairbolsonaro donde “al menos 10” periodistas y defensores de DDHH fueron asesinados este año.
Manifestó además su preocupación por una mayor participación de militares en asuntos públicos en países como México y El Salvador. “Cualquier uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser estrictamente excepcional, con una supervisión eficaz”, señaló Bachelet.
Este fenómeno es abordado por @celiamedrano15, periodista de profesión, excónsul general de El Salvador en Washington y exdirectora de Protección de DDHH de @cancilleriasv, quien conversó con NYC sobre las amenazas que representa la “militarización de la política” en la región.
“La cooptación de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y policiales, por parte de gobiernos autoritarios, ha instrumentalizado dichas instituciones con el objeto de oponerse a detractores políticos”, señala Medrano.
La experta ha vivido de cerca un caso emblemático, citado por la Alta Comisionada de los DDHH y que tiene como protagonista al joven Presidente de El Salvador, @nayibbukele, quien ha implementado un agresivo plan para desplegar al Ejército en labores de seguridad pública.
La necesidad de Bukele de financiar su “Plan de Control Territorial” para detener el crimen organizado lo enfrentó en febrero con el parlamento salvadoreño, entregando una simbólica postal al enviar militares fuertemente armados a invadir el hemiciclo a modo de presión.
“Se nos ha planteado, por los gobiernos de la región, que nuestra policía no es capaz ni suficientemente confiable para enfrentar las amenazas del presente y que ante ese escenario, la población demanda al ejército para que puedan protegernos”, señala Celia.
Ejemplos como los de @DrGiammattei en Guatemala, justificando la presencia de militares para detener a tres mil migrantes hondureños en la frontera, o la iniciativa de @sebastianpinera de involucrar a las FFAA en la protección de infraestructura crítica, confirman la tesis.
El mes de septiembre, NYC informó sobre la adquisición por parte del Ejército y la Armada chilena de armamento e implementos antidisturbios.
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La experta advierte además, que la lógica del enemigo interno ha sido utilizada transversalmente en el continente para justificar la vulneración de derechos y garantías constitucionales de opositores y minorías en el contexto de la pandemia mundial que azota al planeta.
“Se justifica ideológicamente la necesidad de violentar sus derechos para garantizar la protección de una mayoría, que nunca se explica quienes son, pero que es la mayoría de los buenos frente a la minoría de los malos”, señala.
Lo peligroso, afirma Celia, es que el uso desproporcionado de la fuerza, propia de la lógica bélica, hoy se dirige contra estudiantes, manifestantes, migrantes, sindicalistas, población indígena, periodistas y en definitiva cualquier voz opositora que desafíe a la autoridad.
Situación ratificada por Bachelet que señaló que se ha “recurrido a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de DDHH, periodistas y personas críticas con el Gobierno. Esta situación ha conducido a una reducción continua y notable del espacio cívico”.
El desafío de organizaciones internacionales encargadas de velar por el respeto a los DDHH en democracias -cada vez más frágiles-, es mayor. Un informe de Naciones Unidas fue categórico al condenar el gobierno de @NicolasMaduro, donde ya se registran 2.000 muertes desde enero.
Por su parte en Nicaragua, la oposición y la prensa viven el yugo de @DanielOrtegasa quien ha logrado tramitar un paquete de leyes criminalizando la libertad de expresión. Carlos Trujillo, representante estadounidense de @OAS_official afirmó que Ortega “acelera el totalitarismo”.
El gobierno de Piñera, con 4 informes a su haber que dan cuenta de graves violaciones a los DDHH, fue requerido por la ONU esta semana para informar sobre la actuación policial en la caída de un menor de edad al río Mapocho e instó a investigar a fondo este hecho.
Medrano afirma que la Alta Comisionada ha advertido que el gobierno chileno no ha adoptado medidas suficientes para garantizar los DDHH. Reconoce en todo caso, que hoy ningún país en la región transita sus dificultades a través de vías efectivas de diálogo y respeto a los DDHH.