Seis diputados del @elfrente_amplio (FA), junto a algunos parlamentarios de oposición, buscan conseguir los votos necesarios para derogar la ley de Seguridad del Estado y de paso modificar el Código Penal, eliminando la ley antibarricadas y el control preventivo de identidad.
Los diputados, mayoritariamente de @RDemocratica, fueron parte de los 127 que aprobaron la “Ley Antisaqueos y Antibarricadas” en diciembre de 2019, lo que significó que fueran particularmente criticados por ser actores que emergieron del movimiento social del 2011.
“Cuando los repriman, les lancen balines, los golpeen o los apresen por tener una bufanda en la cara acuérdense de estos 127 diputados” afirmaba la exFA, @PamJiles, con una imprecisión: La “Ley Anticapucha” es un proyecto diferente y aún en tramitación (Boletín: 12894-07).
Al interior del FA reconocen que intervenciones previas a la votación, como las de @JorgeSharp, alcalde de Valparaíso y exConvergencia Social, llamando a votar a favor del proyecto, así como la urgencia impuesta por @sebastianpinera, condicionaron en parte la decisión.
Al día siguiente, el diputado @GiorgioJackson acusó el error en su cuenta de Twitter. La explicación sin embargo, sustentada en una mala interpretación de la correlación de fuerzas, presiones internas y confusión, no fue suficiente para la opinión pública.
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Por su parte, a dos semanas de votado el proyecto, el diputado @gabrielboric fue increpado y violentado por un grupo de personas en el Parque Forestal. En el audio, es posible escuchar a una mujer que lo increpa gritándole “vendido”, entre otros epítetos.
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La entrada en vigencia de esta ley promulgada el 30 de enero de 2020, tras su aprobación en el @Senado_Chile, despertó preocupación de organismos internacionales tales como @amnistia, @ONU_es, entre otros, quienes argumentaron que la iniciativa coarta el derecho de reunión.
En conversación con NYC, Giorgio Jackson consigna que la iniciativa más allá de buscar enmendar un error del FA, se enmarca en un esfuerzo conjunto de parlamentarios de oposición para ir en ayuda de los presos de la revuelta y sus familias.
“En la mesa de trabajo se acordó dos líneas de acción: el proyecto de indulto general que se presentó en el Senado y la derogación de aquellas leyes que actualmente generan espacios de discriminación, segregación y represión en el ámbito policial”, señala.
Si bien reconoce que la derogación en la Cámara de leyes clave para Sebastián Piñera, como la ley de Seguridad del Estado, resulta algo difícil de lograr, cree que es necesaria la existencia de una expresión política de malestar sobre estas iniciativas legales.
Consultado por NYC, @gonzofuenza (RN), diputado miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, señala que si bien el ejercicio de desconocer leyes que nos están rigiendo puede ser políticamente rentable para el FA, ellos “no pueden desconocer lo que votó y apoyó”.
“La ley antisaqueo y antibarricada son normas que vinieron a modernizar el Código Penal, que tenía una norma muy antigua sobre desórdenes públicos. El control de identidad por su parte ha permitido que miles de personas con detención pendientes sean puestas ante la justicia”.
En relación a la ley de Seguridad del Estado, el parlamentario es enfático en defender la facultad de los gobiernos a invocar esta ley. “Eliminarla generaría un perjuicio porque la democracia debe defenderse muchas veces de personas que no creen en ella”.
Desde el gobierno por su parte, @RodrigoDelgadoM, ministro de Interior, criticó la iniciativa haciendo un llamado a los parlamentarios que patrocinaron el proyecto de ley a que “se conecten más con la gente”.
“La agenda del Gobierno es una agenda robusta en materia de seguridad que se puede mejorar, conversar, sin duda, pero lo que nosotros no queremos y creo que la gente tampoco quiere, es una agenda de impunidad”, señaló la autoridad.
Puedes leer el proyecto de ley a continuación:
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