El 09 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del @ctransparencia en orden a denegar el acceso público a la comunicación vía correo electrónico que sostuvieron el @min_interior y @Carabdechile, durante el estallido social.
La solicitud fue realizada por @CatalinaGaeteS, quien el 2017 logró a través de un recurso ante la Corte Suprema, forzar la publicidad de las actas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) durante la transición. Acceso muy resistido por las autoridades de turno.
Desde Alemania, la actual investigadora asociada de @TheIHJR, con sede en La Haya, comenta a NYC las motivaciones detrás de estos requerimientos de información y el trabajo que realiza @LaPublicaChile, organización que fundó en conjunto con @p_desormeaux.
“Cuando me entregaron las actas del Cosena, eran 400 páginas escritas a mano y firmadas por Pinochet, entonces era una cantidad de información que no podría trabajar sola. Ahí nació la idea de crear un repositorio de documentos, un archivo ciudadano”.
Durante el 2020, La Pública accedió a registros de las cámaras corporales de @Carabdechile entre el 18 de octubre y 31 de octubre de 2019, donde se evidencian funcionarios sin identificación, uso desproporcionado de la fuerza y perdigones a la parte superior del cuerpo.
“Cuando vimos que funcionarios tenían un aparato adosado en el pecho, nos dijimos: ¿Si esa cámara fue comprada con presupuesto público y la ley establece que toda información creada o financiada con presupuesto público es de naturaleza pública?. Bueno, ¿por qué no lo pedimos?”.
En agosto del mismo año, el @ctransparencia acogió parcialmente una solicitud de Gaete donde se pudo conocer que 350 oficiales de Carabineros iban vestidos de civil a las marchas durante las primeras semanas del estallido social. Grupo conocido como los “intramarcha”.
“Algo similar ocurrió con los carabineros infiltrados. Al ver videos publicados en redes sociales inmediatamente nació la necesidad de saber si esto era real. ¿Cuántos funcionarios están infiltrados, quien da la orden a estos funcionarios? Así que hicimos las solicitudes”.
Considerando los informes internacionales que dieron cuenta de violaciones a los DDHH a partir de las movilizaciones de octubre, Catalina y su equipo fueron en busca de las decisiones que adoptó el Ejecutivo y la comunicación con la institución de Carabineros durante esos días.
“Sin duda debe haber una comunicación entre estos organismos (Presidente, Ministerio del Interior y Carabineros), comunicación que se debe dar por algún tipo de plataforma en donde debe quedar registro. Eso nos motivó a pedir los correos electrónicos.
Durante la gestión de la pandemia, Gaete recuerda que hubo funcionarios dispuestos a levantar las alertas, funcionarios que denunciaron que las cosas se estaban haciendo mal. La periodista se pregunta por lo tanto si habrá pasado algo similar durante el estallido social.
Si bien el acceso fue denegado por el Consejo para la Transparencia, la decisión fue dividida y dirimida por el expresidente del organismo, Jorge Jaraquemada. Este hecho abrió la posibilidad de llevar el caso a la Corte de Apelaciones a través de un recurso de reclamación.
El 3 de marzo, la Tercera Sala del tribunal de alzada decidió, de forma unánime, respaldar lo resuelto por el organismo de transparencia. En la argumentación, los jueces consideraron en su fallo que dichas comunicaciones tienen el carácter de privadas.
Gaete advierte que con estos pronunciamientos estamos creando un canal de comunicación privado entre funcionarios públicos donde se toman muchas de las decisiones del Estado. “Eso es algo que el consejo y la corte están desconociendo totalmente”, señala.
En el marco de la investigación por las muertes de la pandemia del covid-19, la Corte Suprema restringió al Ministerio Público el acceso a correos electrónicos del @ministeriosalud que pudieran afectar “la seguridad nacional”.
De cara a la próxima discusión constitucional, la investigadora se refiere a la necesidad de definir conceptos como “seguridad nacional” o “interés superior de la nación”. Conceptos que, afirma, son eminentemente políticos y que requieren discutirse democráticamente.
“Cuando me denegaron las actas del Cosena, fue a razón de la seguridad nacional y el interés superior de la nación. Uno de los grandes problemas que ha tenido el poder civil para hacer un control efectivo a las Fuerzas Armadas, es dejarle un montón de ámbitos de autonomía”.
Al cierre, le consultamos a la periodista sobre el rol del Consejo para la Transparencia, su ámbito de acción y los recientes cuestionamientos por la nominación de Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del think tank conservador, @LyDChile.
“El rol del consejo es relevante. No sólo es el encargado de revisar los casos y velar por el cumplimiento de la ley, sino que tiene el rol de promover el acceso a la información. Sin embargo existen preocupaciones por la naturaleza política de su conformación”.
“Por supuesto hay una decisión política de quien entra ahí. Además, es seguro decir y no podemos desconocer que es un actor dentro del sistema político y no está ajeno a recibir un telefonazo del gobierno. No tengo antecedentes que ocurra, pero no me parecería extraño”.
“En la @LaPublicaChile tenemos un caso donde el consejo revirtió por secretaría un fallo que permitía acceder a agendas escritas a mano por militares. Yo me pregunto qué tipo de presiones mediaron para que el consejo haya tomado esa decisión”, finaliza Gaete.