La semana inició con la formalización de Juan González, sargento segundo acusado por el Ministerio Público de homicidio simple en contra de Francisco Martínez, artista callejero de Panguipulli. El oficial quedó con arresto domiciliario mientras dura la investigación.
En paralelo, Juan Cheuquiante, fiscal de la @FiscaliadeChile Metropolitana Sur, descartaba la participación de terceros en el suicidio del joven Camilo Miyaki Salinas en la Comisaría N° 51 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, se instruyó un sumario administrativo.
Ambos hechos que han devenido en la muerte de jóvenes, ya sea resistiendo una detención o al interior de una celda de @Carabdechile, han generado alarma e indignación en la opinión pública, con protestas en varios puntos del país.
“Lo que está ocurriendo, este último tiempo, solamente da cuenta de la descomposición de la institución, de la necesidad de refundación”, nos comenta @Devenido, sociólogo y fundador de @opipchile, quien hace 3 años inició el observatorio tras su experiencia en @amnistiachile.
“Respecto al caso de Camilo Miyaki, es una situación que ha ocurrido antes y en reiteradas veces. Carabineros tiene la obligación de resguardar la seguridad de las personas que tiene en su custodia. Como observatorio nos hemos hecho parte en querellas similares”.
El informe “Mapa de violencia policial…”, elaborado por OPIP, concluye que desde el retorno de la democracia se ha constatado una “violencia sistemática de las policías, enfocada en la represión de las protestas y persecución de grupos peligrosos para el orden social”.
Además de este estudio, OPIP ha publicado informes sobre violencia político sexual, montajes durante la revuelta social, violaciones a DDHH, entre otros. “Esto ha pasado siempre, sin embargo desde el estallido social la opinión pública empezó a entender que esto era urgente”.
Al ser consultado por la necesidad de refundación de Carabineros, Carlos Falcón afirma que aún hay un vacío. “La gente tiende desde la pulsión a decir que ‘se tiene que disolver, se tiene que acabar carabineros’ ¿pero cómo se hace eso?”.
“Antes de cualquier reforma primero debe existir reparación y garantías de no repetición, y eso implica que funcionarios policiales que han vulnerado DDHH paguen. Desde octubre de 2019 sólo 18 funcionarios han sido procesados y las denuncias superan las 4 mil”, afirma Falcón.
“Luego hay experiencias como policías comunitarias; con legitimidad territorial, como una policía especial para la realidad de Petorca, por ejemplo; o subdivididas en temas, como para casos de violencia intrafamiliar, requerimientos judiciales, etc”.
Para el sociólogo, independiente de la propuesta que se implemente, es vital construir con las comunidades que están en contacto con la actividad policial: vendedores ambulantes, personas privadas de libertad, víctimas de vulneraciones en sus derechos, entre otros.
Finalmente, Carlos Falcón sostiene que mantener la situación tal como está, ante la falta de legitimidad de una institución con la exclusiva potestad del uso legítimo de la fuerza, como es la institución de carabineros, es muy delicado.
“Creo que hay mucho camino por delante y la estabilidad democrática está en riesgo ya que, de no intervenir, probablemente van a seguir ocurriendo hechos como en Panguipulli o como en el puente Pío Nono, lamentablemente es así”.
Por este motivo, nos comenta, @opipchile está trabajando cerca de las comunidades para nutrir de propuestas la próxima Convención Constitucional donde, si bien están conscientes que no se resolverá ahí la crisis de Carabineros, si sentará las bases institucionales para construir.