

Una de las principales demandas de las movilizaciones, gatilladas por la reforma tributaria presentada por Iván Duque, ha sido la necesidad de reformar las fuerzas policiales a raíz de los hechos de violencia registrados durante las protestas.
La Fundación @ideaspaz advierte sobre la pérdida de credibilidad que ha sufrido la @PoliciaColombia por parte de la ciudadanía, institución que es percibida como “opuesta a la sociedad y no como parte de ella”.


Por su parte, según un reciente informe de @TembloresOng, se registran -a través de su plataforma GRITA- al menos 3.405 hechos de violencia policial. Es decir, durante 4 semanas, en promedio se han registrado 113 hechos de violencia policial diarios. El desglose:


El informe da cuenta de “prácticas sistemáticas” por parte de funcionarios de la Fuerza Pública donde destaca, entre otros, ocultamiento de identificación, disparos de arma de fuego en contra de manifestantes y ataques a personal médico.


Un hecho que preocupa particularmente tanto a las organizaciones de DDHH en Colombia, como a la comunidad internacional, son las 111 personas que actualmente están reportadas como desaparecidas en medio de las protestas, según antecedentes de la @DefensoriaCol.
“Personas reportadas desaparecidas han aparecido río abajo, mutiladas. Son cosas que siempre han pasado aquí pero que ahora podemos ver con mayor crudeza y, espero, ahora sin olvido”, comenta @paola_please, geógrafa y activista feminista a NYC.


Afirma que bajo la administración de Duque, el derecho a la protesta no está garantizado. “Se violan los DDHH sistemáticamente, y la protesta es la única herramienta que tenemos en vista de que las instituciones del Estado están secuestradas por los intereses del gobierno”.
Castañeda califica como “acrobacias” las acciones de la autoridad para justificar la violencia policial y que sus responsables queden impunes. Sin embargo, agrega, las redes sociales “han sido nuestro mejor aliado para exponer cómo masacran y se llevan gente”.
El pasado 28 de mayo, Iván Duque ordenó a gobernadores coordinarse con las autoridades militares para enfrentar bloqueos en carreteras por parte de manifestantes. Entre otras instrucciones, permitió el establecimiento de toques de queda “ante cualquier alteración significativa”.

