En noviembre de 2014, los gobiernos de Chile y Costa Rica, impulsaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Este acuerdo de participación internacional que tiene como finalidad establecer un nuevo acuerdo normativo jurídico medioambiental con énfasis en la participación ciudadana, surge el año 2012 en el marco de la Conferencia de @ONU_es sobre el Desarrollo Sostenible.
El tratado parecía avanzar sin problemas hacia la firma y ratificación por parte de los 33 países participantes, situación que en julio de 2018 Piñera abordaba señalando que “el Acuerdo de Escazú, busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente”.
Sin embargo, el pasado 29 de septiembre en el desarrollo de la Cumbre de la Acción Climática desarrollada en Nueva York y a un año del plazo final para firmar y ratificar el acuerdo, el gobierno de Piñera da un paso atrás y señala que el acuerdo “no agrega nada”.
La decisión del ejecutivo es contradictoria a la luz de las declaraciones del propio presidente, quien seis días antes, el 24 de septiembre, se mostraba abierto a suscribir el acuerdo . “Tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos antes que Chile lo firme”.
La incertidumbre sobre la decisión final de nuestro país con respecto a Escazú, fue abordado por la Ministra del Medio Ambiente @CarolaSchmidtZ quien señaló que “la decisión aún no se define porque, a petición de cancillería, se deben resolver situaciones de litigio”.
Tema al que tuvo que referirse Schmidt en la interpelación de la que fue parte el pasado 14 de enero señalando que “la firma de Escazú pone el riesgo de internacionalizar conflictos que son y deben ser internos y que pone a Chile en una situación que lo puede perjudicar”.
Declaraciones que para la cientista política Pamela Poo son de una “ignorancia lamentable, ya que la única forma para que el país camine hacia un desarrollo sustentable y pueda enfrentar el cambio climático, es a través de la multilateralidad”.
Para Sebastián Benfeld, Champion de Escazú nombrado por @cepal_onu, la relación que fija la autoridad entre acuerdo y soberanía jurídica “es de una irresponsabilidad tremenda. Es un tratado por los DDHH y cuyo artículo de cooperación es idéntico a otros 12 tratados ratificados”.
En ese sentido, es enfático en señalar que “instalar una fake news de ese tipo es extremadamente irresponsable toda vez que fomenta la desconfianza en el vecindario y siembra una dicotomía falsa entre proteger los DDHH y proteger la soberanía nacional”.
Cuando faltan 50 días para el plazo final, en los que nuestro país debe firmar y ratificar el acuerdo, la definición no es clara por parte de los ministerios correspondientes, generando la preocupación de sectores políticos, organizaciones sociales y medioambientales.
En ese sentido el 29 de julio pasado se presentó un proyecto de acuerdo que nueve parlamentarios ingresarán a la @camara_cl para solicitar al Presidente de la República la firma del histórico tratado.
La iniciativa es respaldada por diputadas(os) de oposición, la representante del público para el Acuerdo de Escazú, @andreasanhuezae; el joven champion de Escazú, @sbenfeld; y la defensora ambiental de Isla Riesco y coordinadora de SCAC Magallanes, @G_Simonetti.
Para la diputada @CatalinaPerezS, una de las impulsoras del proyecto de acuerdo, “es inexplicable que el gobierno, quien participó activamente en la promoción y redacción de este acuerdo inédito en América Latina, no haya firmado Escazú”.
Agregó que “hasta ahora sólo escuchamos excusas y argumentos falaces que no se condicen con la realidad, evadiendo el deber del Estado para tomar las riendas en materia de la protección de los ciudadanos y los ecosistemas”.
La diputada emplazó a las autoridades señalando que “Sebastián Piñera, el Canciller Allamand y la Ministra Schmidt tienen hoy una oportunidad única para demostrar que a este gobierno de verdad le importa el medio ambiente, sobre todo después de la participación en la #COP25”.
La comunidad científica y social espera una pronta definición para la aprobación de este Acuerdo que para @pamela_poo “es uno de los elementos para fortalecer el desarrollo sustentable, debido a que profundiza la democracia, justicia y participación ambiental”.
“Es uno de los tratados más importante de los últimos 20 años y ningún país serio y comprometido con la democracia se niega a firmarlo…para los países de la región los DDHH y ambientales no son transables, pero en Chile al parecer sí lo son”, enfatiza @sbenfel.